El Perú avanza en analfabetismo funcional
Por: Zenón Depaz Toledo (Diario La Primera: 030211)
Hace un mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), emitió el Informe conocido como PISA (siglas, en inglés, del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes). Se trata de un documento de la mayor importancia, que muestra los resultados de exámenes practicados durante tres años (en este caso hasta el 2009), a estudiantes que están finalizando lo que nosotros llamamos secundaria, en tres aspectos: comprensión de lectura, matemáticas y ciencias empíricas. El gobierno ha soslayado su contenido, buscando que pase inadvertido, y lo poco que ha dicho ha sido tendencioso, lo cual equivale a mentir.
Como señal somera de la importancia de estos informes, baste mencionar que, a la vista de sus resultados para los Estados Unidos, el presidente Obama anunció para su país una ambiciosa agenda de reforma educativa, denominada “Carrera hacia la cima”, adoptando las evaluaciones y estándares internacionales de calidad educativa propuestas.
Las pruebas PISA evalúan 65 países o “economías” (China expone a evaluación diferenciada tres “economías” suyas: Shanghai, Hong Kong y Macao; hecho muy revelador de los alcances de su política educativa). Según el informe de diciembre, lideran los resultados Corea y Finlandia, seguidos por Hong Kong (China), Singapur, Canadá, Nueva Zelandia y Japón, así como por Shanghai (China) y Macao (China). No es una casualidad que se trate de los países de más notable desempeño en términos de desarrollo en las últimas décadas.
El puesto que ocupa el Perú en ese informe es el antepenúltimo (apenas por encima de Azerbaijan y Kyrgyzstan), situándose, por tanto, entre los países cuyos resultados se consideran inferiores al promedio mínimo deseable. Ello significa que, según estándares internacionales, el rendimiento promedio de nuestros egresados de la secundaria corresponde al analfabetismo funcional, tanto en comprensión de lectura, como en información científica básica. ¿Se entiende ahora el nivel de “lectoría” que tiene aquella basura “periodística” como El Chino o Ajá, que “informan” a su clientela masiva del nacimiento del “hombre cuy” o del descubrimiento del infierno por “científicos rusos” que cavaron en la tierra? ¿Y cree el presidente García o su deplorable ministro de Educación que el Perú avanza con ese grado de analfabetismo?
Estos resultados constituyen una denuncia a la orientación de las políticas educativas en el país en las últimas tres décadas. Por ello, el Fujimorismo, en cuyo periodo fueron emitidos los primeros informes PISA (2000), decidió ocultarlos y no participar en las evaluaciones para los años siguientes (2003 y 2006). Nueve años después del desastre que Fujimori ocultó, maquillándolo con muros escolares color naranja, constatamos que en analfabetismo funcional el Perú avanza. Será por ello que los herederos de Fujimori, hoy en diversas tiendas “políticas”, confían en continuar timando a sus electores.
Universidad y sociedad anómicaZenón Depaz ToledoEx Jefe de la Oficina de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación
Diario La Primera, 15/09/08
Muchas universidades públicas están controladas por mafias de autoridades y “dirigencias” estudiantiles corruptas
Comentando la situación de la educación universitaria en el Perú, dábamos cuenta de una absoluta ausencia de mecanismos de regulación y garantía pública de estándares mínimos de calidad académica, graficada en hechos escandalosos como la existencia de cientos de filiales compitiendo en la venta de grados y títulos universitarios con los falsificadores del jirón Azángaro; de las cuales, en el colmo de la anomia, la mayor cuota corresponde a una “universidad” –con ello, también la de mayor matrícula en el país– cuyo funcionamiento nunca fue autorizado por el único organismo público que tiene potestad para ello: CONAFU.
Esto ocurre en el más alto nivel del ámbito educativo (que hoy tiene atención prioritaria en los países que encaran con seriedad el tema del desarrollo), ante la sospechosa indolencia del gobierno y los operadores políticos del “consenso” neoliberal heredado por el fujimontesinismo (muchos de ellos, empezando por los encargados del tema educativo, involucrados directamente en este negocio), bajo la coartada de la autonomía universitaria, que sólo sirve ahora para legalizar el abandono de la universidad por parte del Estado, incluyendo a las universidades públicas, libradas a su suerte, muchas de ellas controladas por mafias de autoridades y “dirigencias” estudiantiles corruptas (merced a reglas de juego provistas por la actual Ley Universitaria, que favorecen su accionar) que suman lo suyo a la deplorable situación antes señalada.Tal es el panorama universitario en nuestro país, con excepción de muy pocas universidades privadas (las que, por lo mismo, han tendido a elitizarse en cuanto al sector social del que procede su comunidad universitaria) y públicas (en mayor número, aunque igualmente escaso). Con la desventaja para estas últimas, de hallarse permanentemente en riesgo de que el cambio de una administración eficiente –que las hay- por una mediocre y corrupta –suelen ser las más, habiendo probado que pueden apoderarse hasta de las de mayor prestigio-, ponga en riesgo sus avances y su vida institucional.
Nos ocupamos de este tema –y aún continuaremos haciéndolo– porque, contrastando con la cómplice indolencia del gobierno al respecto, se trata de un ámbito decisivo para el desarrollo nacional, si pensamos seriamente en ello, puesto que, tengámoslo claro, no hay posibilidad alguna de desarrollo sin una educación superior que forme, con estándares de calidad internacionales, los cuadros dirigentes del país y sus regiones (hoy caracterizados, para vergüenza y perjuicio nuestro, por su extrema mediocridad intelectual y moral), y genere conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción.
Esto ocurre en el más alto nivel del ámbito educativo (que hoy tiene atención prioritaria en los países que encaran con seriedad el tema del desarrollo), ante la sospechosa indolencia del gobierno y los operadores políticos del “consenso” neoliberal heredado por el fujimontesinismo (muchos de ellos, empezando por los encargados del tema educativo, involucrados directamente en este negocio), bajo la coartada de la autonomía universitaria, que sólo sirve ahora para legalizar el abandono de la universidad por parte del Estado, incluyendo a las universidades públicas, libradas a su suerte, muchas de ellas controladas por mafias de autoridades y “dirigencias” estudiantiles corruptas (merced a reglas de juego provistas por la actual Ley Universitaria, que favorecen su accionar) que suman lo suyo a la deplorable situación antes señalada.Tal es el panorama universitario en nuestro país, con excepción de muy pocas universidades privadas (las que, por lo mismo, han tendido a elitizarse en cuanto al sector social del que procede su comunidad universitaria) y públicas (en mayor número, aunque igualmente escaso). Con la desventaja para estas últimas, de hallarse permanentemente en riesgo de que el cambio de una administración eficiente –que las hay- por una mediocre y corrupta –suelen ser las más, habiendo probado que pueden apoderarse hasta de las de mayor prestigio-, ponga en riesgo sus avances y su vida institucional.
Nos ocupamos de este tema –y aún continuaremos haciéndolo– porque, contrastando con la cómplice indolencia del gobierno al respecto, se trata de un ámbito decisivo para el desarrollo nacional, si pensamos seriamente en ello, puesto que, tengámoslo claro, no hay posibilidad alguna de desarrollo sin una educación superior que forme, con estándares de calidad internacionales, los cuadros dirigentes del país y sus regiones (hoy caracterizados, para vergüenza y perjuicio nuestro, por su extrema mediocridad intelectual y moral), y genere conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción.
Más sobre estafa educativa
Zenón Depaz Toledo
Diario La Primera, 16/09/08
“El problema actual de la educación universitaria es la apertura inorgánica de filiales universitarias en diversas localidades del país, que son manejadas con fines de lucro, sin ningún control de calidad sobre la oferta educativa y sin autorización”, señala, en su página web, el Consejo Nacional para la Autorización de Fun-cionamiento de Universidades (CONAFU).
Según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), habría 36 filiales autorizadas para funcionar (número mayor, notémoslo, al de la totalidad de universidades públicas existentes). Una vez en funcionamiento, no hay control alguno sobre el alcance y calidad de su cobertura, llegando algunas a tener mayor matrícula que muchas universidades públicas. En esta situación absolutamente irregular y perniciosa para la marcha de la educación universitaria en nuestro país, la estafa pública tiene curso impune (los grados y títulos se otorgan “a nombre de la Nación” y sin señal alguna de las condiciones en que se obtuvieron) y alcanza dimensiones surrealistas, que la estadística de la ANR hace caso omiso, pues el número efectivo de filiales supera holgadamente los tres centenares y discurre en las condiciones más inverosímiles: sin elementales servicios como bibliotecas o hemerotecas; instaladas en talleres, garages, azoteas, mercadillos, colegios públicos (del ministerio respectivo no esperemos opinión alguna; siendo el propio ministro dueño de varias filiales), o simplemente en ningún lugar (bajo modalidades eufemísticamente denominadas “a distancia” o de “educación virtual”), pero otorgando igualmente grados y títulos.
Sintomáticamente, nombres de santos, ángeles y papas tienen invocación preferencial en este ámbito de la anomia instalada. Alguna “universidad” chimbotana, que de los ángeles sólo tiene el nombre y la ubicuidad, con sinnúmero de filiales, para mayor y sagrada custodia ahora se denomina Universidad Católica (¡!). En otra, el grupo que la controla, para deshacerse de otro bando, se cambió de nombre y ahora resulta ser la tan esperada “Universidad Científica del Perú” (¡!). Entretanto, la denominación de algunas otras convierte en aspiración esta absoluta falta de regulación: “Universidad Autónoma del Perú”;… ¿autónoma de qué?, o ¿con respecto a quién? En algún otro caso, no cabe duda de que tal autonomía se ejerce en relación al más elemental significado: “Universidad Peruana de Integración Global”… ¿Tal vez entendió usted qué quiere decir?... Mejor continuaremos hablando al respecto.
La privatización de la universidad peruana
El Colegio de Abogados de Lima, preocupado por el deterioro en la calidad de la enseñanza del Derecho, producido por facultades, filiales y programas a distancia, sin garantía de calidad académica, está promoviendo una Iniciativa Popular para que el Congreso de la República revise las normas pertinentes. Doce ex decanos suyos han emitido un pronunciamiento respaldando tal iniciativa.
Aquel fenómeno había sido ya documentado por Luis Pásara (2004) en un prolijo informe elaborado por encargo del entonces Ministro de Justicia Baldo Kresalja, que daba cuenta de las condiciones surrealistas (ausencia de sílabos, planes de estudio y bibliotecas, funcionamiento en casas o locales comerciales, etc.) en que discurría la enseñanza del Derecho en instituciones surgidas en el marco del DL 882 (1996) que hizo posible la creación de universidades con fines de lucro, sin establecer garantía alguna de su calidad una vez autorizadas. Aquella oferta universitaria privada, mayoritariamente deleznable y fraudulenta, apostó a capitalizar con celeridad ofertando indiscriminadamente grados y títulos. Hoy la matrícula en tales instituciones supera ampliamente la de las universidades públicas, sancionando así la privatización de la universidad peruana.
Tan sólo la “universidad” Alas Peruanas (una de las que más aportan a este panorama kafkiano, al funcionar con 26 sedes en todo el país, sin reconocimiento del CONAFU, único ente con potestad de autorizar la creación de universidades), en una publicación con motivo de su 12º aniversario, da cuenta de más de 15,000 ingresantes en el primer proceso de admisión de este año (¡habrán otros dos!); sumando los 16, 443 alumnos que reporta en tan sólo sus filiales, ya supera de lejos a toda la población estudiantil de San Marcos, primera universidad pública del país… Mientras tanto, el ministro de Defensa nombra a su rector miembro del Comité Consultivo de su sector, el Ejército lo condecora con su máxima distinción para civiles por su “servicio” al país, el Presidente del Congreso de la República recibe del mismo una camioneta 4 x 4 para sus donaciones a Ica, y (¿qué dirá el Colegio de Abogados?) el Presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema recibe en la filial de Trujillo un doctorado Honoris Causa… ¿Hablamos, entonces, de los mecanismos de impunidad en este sector?.. Lo haremos, al menos en esta columna.
Privatismo y pauperización en la universidad
Zenón Depaz Toledo
Publicado en La Primera - 23/09/08 -
Desde el año 2006 la matrícula en las 58 universidades privadas creadas (hay otras 13 en lista de espera) supera ampliamente a la de las 35 públicas. Si sumamos las filiales o modalidades sin control alguno, como la educación a distancia, este fenómeno es aún de mayor magnitud. De hecho, la educación universitaria en nuestro país se ha privatizado y tal tendencia se acentúa. Pero, en el sector privado hay universidades y “universidades”: están aquellas sin fines de lucro, cuya propiedad corresponde al conjunto de su comunidad universitaria (como la UPCH, la PUCP, UPAO o la UCSM); y, aquellas otras creadas al amparo del DL 882, emitido por el fujimontesinismo, con explícito fin de lucro. Son estas últimas las que tienden a crecer sin control y es también en ellas donde cunden las filiales y la denominada educación “a distancia”.
Esta tendencia halló soporte en el discurso neoliberal que propone un retraimiento del Estado en su atención a demandas sociales básicas, como la educación y la salud, para dejar que las resuelva el mercado. No obstante, ni en la Inglaterra de Thatcher o en el Chile de Pinochet (fetiches políticos de aquel discurso) el fundamentalismo fue tal que perdieran de vista el valor estratégico de la universidad pública en la producción de ciencia y tecnología, factor de poder decisivo en la sociedad del conocimiento. Las universidades más sólidas allí, como en el resto del mundo, son públicas. La investigación científica, cuya rentabilidad –de primer orden– se aprecia en el mediano y largo plazo, no es una actividad compatible con la lógica de rentabilidad de corto plazo al que atienden las universidades con fines de lucro, que por ello tienden a proveer carreras de escasa inversión en logística o formación de cuadros. Las universidades que desarrollan investigación en nuestro medio son o públicas o privadas sin fines de lucro las que, por lo mismo, tienden a un mayor cuidado de la calidad académica.
Más allá de la propaganda falaz, así lo percibe la ciudadanía, a juzgar por datos como la tasa postulante-ingresante (mayor en estas universidades) como la que muestra el reciente examen de admisión de la UNMSM (12:1), dando cuenta de una alta selectividad, mientras en la casi totalidad de universidades con fines de lucro no hay número para las vacantes que ofrecen y, por tanto, tampoco selección –ni exigencia de inicio o posterior– alguna.
