REESTRUCTURACIÓN UNIVERSITARIA Y HOMOLOGACIÓN
Por: Nemesio Espinoza Herrera (*).
Desapercibida transcurre la huelga indefinida de los docentes
universitarios de las universidades públicas del país. La plataforma es:
¡Homologación ahora! Pero, la propuesta –si bien justa- está mal planteada y no
es sostenida. Exigir que las remuneraciones de los catedráticos sean
homologadas con las de los magistrados, conforme manda el artículo 53 de la
actual Ley Universitaria en vigencia desde 1984 (a cuya virtud el Profesor
Principal que percibe 1 500 nuevos soles debe ganar igual que su homólogo, el
Vocal Supremo que gana 26 000), es una exigencia ilusa, irreal y hasta
irresponsable. Por eso es que la huelga no trasciende ni se hace escuchar sus
demandas y con tal situación la universidad incrementa su desprestigio.
Habiendo sido incumplida la homologación desde hace 20 años, con la anuencia de
los mismos universitarios y aún ahora con el fallo del Tribunal Constitucional
a su favor, no se sabe merced a qué ensalmos, conjuros y milagros tendrá ahora
que ser cumplida, y ya.
El asunto requiere, más bien, un replanteamiento. La universidad pública
en el Perú tiene problemas estructurales largamente embalsados. De cada 100
profesionales que egresan de las universidades nacionales, 75 están sin empleo
en las carreras profesionales emprendidas. La verdadera investigación
científica –misión fundamental de la universidad- traducida en términos de
producción científica y tecnológica que demanda la modernidad es, por regla
general, inexistente. La calidad académica se encuentra muy por debajo de los
estándares latinoamericanos y se siguen, a la antigua usanza, clonando en masa
profesionales inermes y para el desempleo. La docencia universitaria –factor
clave para la Investigación Científica y para la formación de verdaderos
profesionales- ha devenido casi en el infortunio debido a un conjunot de
aspectos, entre ellos, el maltrato en estas últimas cinco décadas en cuanto a
sus remuneraciones y condiciones de trabajo. Es también un hecho el excesivo
número de docentes no necesariamente calificados en mérito a sus vocaciones
para la investigación científica y pedagogía universitaria.
Todavía así, se suma otra realidad mucho más perniciosa aún que termina
extinguiendo a la universidad pública: la arcaica administración universitaria.
Aunque con escasísimas excepciones, por regla general, los cuadros gerenciales
de las universidades (rectores, vicerrectores, decanos, directores, jefes)
premunidos de estilos medievales y advenedizos de gestión, prácticamente han
institucionalizado, hasta sin quererlo, la mediocracia, el caos administrativo
y la corrupción en las universidades.
El Estado, por su parte, ha abdicado de su condición de propietario de
la universidad pública y en ves de tomar acciones para evitar su toral
descalabro, se limita a observar desde el balcón el paso de cortejo fúnebre
universitario. Es en el Perú, al no existir un gran proyecto nacional de
desarrollo a largo plazo en el que la educación sea prioridad fundamental de
política de Estado, la universidad siempre fue, como lo es hoy, un asunto de
quinta categoría a quien no merece darle mayor importancia. En suma, la debacle
de la universidad estatal en el Perú es evidente. En tales condiciones, las
universidades públicas resultan siendo instituciones obsoletas y falsos faroles
para las nuevas generaciones y para el país. En buena cuenta, la universidad
pública no existe, sólo sobrevive casi maquinalmente.
Empero, el desarrollo económico y social del país, en el contexto del
nuevo siglo y milenio, requiere con premura la vigencia de una nueva
universidad pública, moderna y competitiva que produzca ciencia y tecnología,
forme un nuevo tipo de profesionales, cuente con un nuevo tipo de docentes
universitarios y adopte nuevos modelos de gestión. Para ello hay un solo
camino: declara en emergencia nacional a la universidad peruana para emprender
el proceso de la verdadera y radical reestructuración universitaria como parte
de política de Estado democrático. Sólo una nueva universidad onstruida sobre
los escombros de la actual tiene posibilidades sostenidas y merecimientos para
la homologación de sueldos docentes y para la asignación de suficientes
recursos. La vigencia de la universidad estatal reinventada es una apremiante
necesidad nacional, promoverla una responsabilidad colectiva.
(*) Profesor Principal de la UNMSM
(Artículo publicado en el diario La República,
edición 05/08/05).
